Brasil se va al bombo.....

Brasil: congelamiento salarial y privatizaciones

El gobierno enviará al Congreso un Plan de reforma fiscal que incluye la posibilidad de federalización de las empresas estatales para su posterior privatización.

Según Otavio Ladeira, secretario del Tesoro Nacional, las empresas estatales de distribución de gas serían algunas de las candidatas. La última vez que se dio una renegociación de deudas de los Estados con la Unión fue durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), casi la totalidad de los bancos públicos estatales fueron federalizados y, posteriormente, englobados por otros bancos privados como el Santander.

Con esta política el gobierno se propone extender los plazos de pago de la deuda de los Estados con la Unión por más de 20 años y los préstamos contraídos con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) podrán ser tomados por hasta 10 años, con los mismos intereses. Sin embargo, el proyecto del gobierno federal prevé una contrapartida por parte de los gobiernos estaduales para evitar que aumenten sus gastos y no cumplan con la meta de superávit primario (ahorro que será destinado al pago de intereses de la deuda pública con la Unión). Este compromiso está condensado en el Plan Plurianual de Gastos en Personal.

El Plan de reforma fiscal del gobierno del PT fue elogiado y evaluado por el secretario de Hacienda del Estado de San Pablo, Renato Vilella, como positiva. No es casualidad, ya que la federalización y posterior privatización de las empresas estatales fue una de las políticas claves al inicio de la gestión del PSDB, durante la década del 90, luego de la implementación del Plan Real.

Plan Plurianual de Gastos en Personal

Este Plan exige a los gobiernos de los Estados y la Unión que indiquen con cuatro años de anticipación todos los reajustes salariales que se otorgarán a los trabajadores estatales y los gastos en tercerización, además de incluir la prohibición de conceder un reajuste mayor al del último año del mandato anterior.

En la práctica este plan significa que los costos de la deuda de los Estados con la Unión serán descargados sobre los trabajadores públicos estaduales y municipales, que sufrirán el deterioro de sus salarios en función de lograr y mantener el superávit primario.

Según el Plan, el no cumplimiento de estas consideraciones de parte de los gobernadores puede implicar un delito o crimen de responsabilidad. Según Ladeira, esta sería una exigencia de los propios Estados. Es decir, para garantizar la rebaja y pérdida salarial y evitar cualquier responsabilidad frente a los reclamos y manifestaciones de los trabajadores públicos, los gobernadores buscan respaldo político y jurídico bajo las alas del gobierno federal. Apenas sea firmada la nueva ley, los gobernadores tendrán un semestre para adoptar medidas como la suspensión de nombramientos y los reajustes sobre los nuevos trabajadores por, al menos, dos años.

La política de tratamiento de la deuda pública del gobierno de Dilma con los Estados no se diferencia mucho de la política del gobierno de Merkel, en Alemania, hacia países como Grecia o España, que poseen una deuda superior a la de su propio Producto Interno Bruto (PIB). La venta de las empresas y propiedades a los bancos alemanes a cambio del fraccionamiento de la deuda, vinculado a la contrapartida por parte de estos países a imponer medidas de austeridad a los trabajadores y la población. El gobierno de Dilma en alianza con los gobernadores de los estados está imponiendo una política de austeridad al conjunto de los trabajadores estatales.

Paraná y Argentina muestran el camino

Es necesario que los trabajadores estatales se organicen para frenar este nuevo ataque. El año pasado los profesores de Paraná dieron un ejemplo al inicio del año; durante el segundo semestre el gobernador de Río Grande do Sul pagó en cuotas los salarios de los trabajadores del estado y este año en Recife los estatales acaban de iniciar una huelga.

Es necesario articular una resistencia conjunta de los trabajadores estatales contra los ajustes del gobierno de Dilma y de los gobernadores. En Argentina, esta semana los trabajadores de los ministerios y áreas públicas hicieron una manifestación de fuerza contra la política de despidos del nuevo gobierno de Macri y paralizaron el país movilizando a más de 20 mil personas, bloqueando las principales avenidas de Buenos Aires y ocupando la Plaza de Mayo. Este es el ejemplo que debemos seguir los trabajadores estatales de Brasil.